El miércoles 29 de Marzo concluyó con una sentencia mortal a la democracia venezolana, “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, está Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala…” Esto no solo disuelve efectivamente el órgano legislativo, sino que moviliza el gobierno de Nicolás Maduro como un mandato unipartidario. Esta crisis ha estado en fraguándose por meses, acumulando un deterioro social por medio de tasas inestimables de inflación y delincuencia que cedieron a las medidas pautadas por el gobierno chavista.

La extremidad de la circunstancia actual puede parecer repentina. Sin embargo, la democracia venezolana fue infectada en la víspera del 2016.  Sabiendo que su dominio político era menguante, el chavismo reeligió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Con esto consolidaba su poder político, simultáneamente exterminando la potestad de la oposición. La burocratización de ramas del poder Judicial como el Consejo Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral, hace casi 20 años amplió la ambigüedad entre poderes. De esta manera se pierde la línea de poder, y surge un virus demagogo populista que puede no mostrar síntomas por años. Si bien Chávez comenzó esto en 1999, la reciente crisis económica ha agravado sus implicaciones. Al no tener capital para importar, Venezuela enfrenta una escasez de bienes. La hiperinflación ha destrozado los ahorros de la población. Esto se demostró en los intentos de dialogar del MUD (la Mesa de Unidad Democrática, que aglutina a los partidos opositores) y el chavismo. Por una parte el chavismo puede refutar cualquier demanda de la oposición alegando que no ha mejorado nada durante su control de la Asamblea. Por otra puede desperdiciar fondos nacionales en más planes “Del Pueblo, Para el Pueblo”, regalando bienes que a veces ni se necesitan. Usando esta base argumentativa, el Poder Judicial pro-Maduro talló las responsabilidades del Legislativo para “Velar por el Estado de Derecho.”  

Y como se venía venir, todas las acciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, a lo largo de los últimos meses, resultaron en las acciones de los últimos días. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), compuesto por 33 magistrados afines al PSUV, el partido chavista, dictaminó que la Asamblea Nacional ya no puede ejercer el deber parlamentario nacional. Sino que el TSJ va a ser el nuevo Órgano Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, y que “garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta Sala o por el órgano que ella disponga”. Esto significa que la Asamblea compuesta mayoritariamente por diputados opositores (electos por 14 millones de venezolanos), ya no será reconocida como tal, y su función dentro del orden democrático y republicano venezolano es completamente nula. Sus funciones serán llevadas a cabo por el TSJ, que como ya mencionado, está compuesto por partidarios de Maduro.

Este fallo del máximo tribunal fue recibido con fuerte repudio tanto de la oposición nacional como de la comunidad internacional. El Presidente de la AN, el opositor Julio Borges, salió a declarar un “golpe de Estado”, y que los magistrados del máximo tribunal “secuestraron la Constitución, los derechos y la libertad de los venezolanos.” Mientras tanto, la comunidad internacional tuvo una similar reacción. El Perú rompió las relaciones diplomáticas con Venezuela, y denunció la “ruptura del orden constitucional…” Mientras tanto, la Argentina, Chile, Brasil, México y los Estados Unidos expresaron sus quejas y sus repudios al fallo. El presidente de la OEA, Luis Almagro, “comentó que aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado.” Más que nunca, la aplicación de la famosa “Cláusula Democrática” parece una posibilidad. A todo esto, la canciller bolivariana respondía diciendo que la derecha regional tenía que parar de entrometerse en temas nacionales.

Si hay algo que no se nos ha garantizado como latinoamericanos, a lo largo de la historia, es la democracia. Somos un pueblo que ha sido sumergido en luchas y en regímenes antidemocráticos, y nuestra historia debería haber sido nuestra fiel guía para lidiar con Venezuela. Pero tanto la población civil como la clase política regional han sido un mero observador en la destrucción institucional de nuestro país vecino. Nos hicimos los desinteresados, y nuestras medidas pasivas (y hasta decorativas) han llevado a que nuestro pueblo hermano sea sometido a un régimen autoritario y despótico, donde la potestad del pueblo es un mero concepto abstracto que no es tomado en cuenta.